Derechos Ambientales y Participación Ciudadana: Una Deuda del Estado Chileno

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A finales de septiembre

Más de cincuenta personas de distintas áreas de la sociedad civil se reunieron este 25 de octubre en Casa Base para reflexionar  sobre “La participación ciudadana en asuntos medioambientales: Acuerdo de Escazú”. Para ello, también se contó con la participación, como panelistas, de Ezio Costa, abogado y director de ONG FIMA, Constance Nalegach, abogada negociadora de Chile para Convenio de Escazú, María Eliana Arntz, Directora Ejecutiva de Fundación Casa de la Paz, y Joaquín Villarino, abogado y Presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Los resultados de este diálogo dieron cuenta de la poca garantía del derecho a la participación ciudadana en Chile, siendo que esta no es vinculante, pero además la precariedad en el acceso a la información pública.

“La participación ciudadana es meramente consultiva: no cumple con estándares internacionales”, señaló Ezio Costa, quien, refiriéndose específicamente a los derechos medioambientales, también aseguró que “el acceso a la justicia ambiental es caro, complejo y muy especializado”.

Sobre el derecho a la información, María Eliana Arntz, explicó que la inexistencia de la misma en el  ámbito ambiental perjudicaba las instituciones democráticas. “El derecho a saber a qué contaminantes estoy expuesto y en qué cantidad no está disponible. Esto genera un resquebrajamiento de nuestra solidez democrática, porque genera mucha incertidumbre. Es una cuestión muy injusta”.

Por su parte, Joaquín Villarino, habló de la responsabilidad del Estado, pero también de la de las empresas. “Hace falta un sistema de evaluación robusta, un Estado robusto, una superintendencia más robusta… Y la empresas deben comprometerse con la  transparencia, el diálogo previo, e intentar que las comunidades tengan las competencias adecuadas para sentarse a dialogar de igual a igual”.

Acuerdo Escazú

“Escazú es un proceso inédito en relación con la transparencia que tuvo”, aclaró Nalegach refiriéndose a que en la negociación, que fue transmitida por YouTube, cualquier persona podía participar activamente. Además de haberse hecho consulta del texto y otras estrategias de legitimación.

Otro de los elementos clave que la abogada negociadora resaltó fue el avance en materia de derechos humanos que permitía el acuerdo. “Escazú es el primer tratado que protege a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Nuestra región es la más desigual del mundo, y concentra los mayores ataques a defensores ambientales. Por esa única razón es más que suficiente para firmar”, puntualizó. 

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